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Ensayos y política - 26 de Agosto de 2003
Así estamos
Nos mantienen distraídos hablando de la posible extradición a España, solicitada por el Juez Garzón, de 45 ex militares represores acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad y que la Justicia argentina se encargó de proteger con la ley de obediencia debida y por un decreto del gobierno de Fernando De La Rúa, que impedía cualquier demanda de país extranjero para su juzgamiento en sus cortes.
Nos quieren tener ajenos, respecto a la realidad que sigue machacando sobre las cabezas de nuestros hermanos.
En nuestro país, uno de cada tres delitos cometidos son denunciados. Y solamente el 2% son meritorios de condena. Los secuestros y los robos de automotores están supervisados gran parte por la cúpula policía, la que además se encarga de efectuar tareas logísticas. El drama es tal, que ni siquiera se inmutan por los asesinatos de sus compañeros de fuerza, que tratan de reprimir la acción delictiva. Lamentablemente mueren cuatro servidores del orden por mes, cifra que está constituyéndose en récord en toda la historia de la institución. Los centros penitenciarios y las celdas de las comisarías están abarrotados, a pesar de las escasas penas aplicadas. Esta situación potencia la liberación de quienes pueden pagar a importantes abogados penalistas y así volver a reinsertarse en el sendero del crimen. Pero lo más insólito es que el 75% de los detenidos deben esperar años hasta que se les dictamine una sentencia.
Los hospitales han colapsado. Los medicamentos no alcanzan a subsanar el reclamo de miles de personas afectadas por diversas dolencias. La pobreza, la ancianidad y los enfermos – oncológicos – que tienen las horas contadas han perdido sus fuerzas y dignidad, entregándose al anonimato generalizado.
Un millón y medio de criaturas viven en las calles del territorio nacional – 50% más respecto a la última estadística –, la pobreza ha trepado al 60% y el número de indigentes excede los cuatro millones de individuos. La desocupación real supera el 20% y la subocupación se ha incrementado a más del 30%. Es decir, que solamente el 40% trabaja, y no todos se benefician con remuneraciones dignas.
La desnutrición a alcanzado cifras históricas. Los índices de egestad rondan el 60%.
El estado tiene empleados en negro – se evade a si mismo de impuestos – y el privilegio continúa estando en manos de la política y de los empresarios que se han enriquecido por medio de la economía neo-liberal aplicada en los últimos catorce años de gobiernos.
Cómo estarán las cosas por aquí, que hasta los supermercados – que obtuvieron ganancias millonarias a mediado de los noventa - le están pidiendo a sus clientes que compren productos en sus emporios para la gente careciente. Encima, se conocen datos que existen empleados, de alguna de estas empresas, a los que no se les permite ir al excusado, obligándolos a usar pañales descartables.
Y pensar que toda la miseria reinante se solucionaría con el 5% del PBI – Producto Bruto Interno -.
Sobre llovido, mojado.
Un problema mayúsculo está ocurriendo en diecisiete distritos de la provincia de Buenos Aires – la más grande de nuestra geografía – y son las napas freáticas que están anegando casas, negocios, jardines y sótanos, sin que el gobierno provincial de una solución correspondiente a tan delicado tema. A causa de la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, la concesión fue otorgada a la empresa Aguas Argentina S.A., mediando acuerdos espurios entre ambas partes. La fuente de suministro, que anteriormente se extraía del subsuelo bonaerense, comenzó a alimentarse de las aguas del Río de la Plata, permitiéndole abaratar los costos, debido que no se necesita equipo especial para su consecución. Y como las multas son mucho menor que la implementación de costosas maquinarias, todo hace prever que el problema de fondo nunca será resuelto.
La impericia, la incapacidad, los negociados, la falta de una política de estado y las regulaciones ineficientes, son la causa principal para que nuestra otrora envidiada nación, se haya transformado en tierra de nadie, dónde los cortes de ruta, por parte de grupos piqueteros, son la cara evidente de un reclamo sin visos de solución dirigencial y aplicación de justicia.
Nos quieren tener ajenos, respecto a la realidad que sigue machacando sobre las cabezas de nuestros hermanos.
En nuestro país, uno de cada tres delitos cometidos son denunciados. Y solamente el 2% son meritorios de condena. Los secuestros y los robos de automotores están supervisados gran parte por la cúpula policía, la que además se encarga de efectuar tareas logísticas. El drama es tal, que ni siquiera se inmutan por los asesinatos de sus compañeros de fuerza, que tratan de reprimir la acción delictiva. Lamentablemente mueren cuatro servidores del orden por mes, cifra que está constituyéndose en récord en toda la historia de la institución. Los centros penitenciarios y las celdas de las comisarías están abarrotados, a pesar de las escasas penas aplicadas. Esta situación potencia la liberación de quienes pueden pagar a importantes abogados penalistas y así volver a reinsertarse en el sendero del crimen. Pero lo más insólito es que el 75% de los detenidos deben esperar años hasta que se les dictamine una sentencia.
Los hospitales han colapsado. Los medicamentos no alcanzan a subsanar el reclamo de miles de personas afectadas por diversas dolencias. La pobreza, la ancianidad y los enfermos – oncológicos – que tienen las horas contadas han perdido sus fuerzas y dignidad, entregándose al anonimato generalizado.
Un millón y medio de criaturas viven en las calles del territorio nacional – 50% más respecto a la última estadística –, la pobreza ha trepado al 60% y el número de indigentes excede los cuatro millones de individuos. La desocupación real supera el 20% y la subocupación se ha incrementado a más del 30%. Es decir, que solamente el 40% trabaja, y no todos se benefician con remuneraciones dignas.
La desnutrición a alcanzado cifras históricas. Los índices de egestad rondan el 60%.
El estado tiene empleados en negro – se evade a si mismo de impuestos – y el privilegio continúa estando en manos de la política y de los empresarios que se han enriquecido por medio de la economía neo-liberal aplicada en los últimos catorce años de gobiernos.
Cómo estarán las cosas por aquí, que hasta los supermercados – que obtuvieron ganancias millonarias a mediado de los noventa - le están pidiendo a sus clientes que compren productos en sus emporios para la gente careciente. Encima, se conocen datos que existen empleados, de alguna de estas empresas, a los que no se les permite ir al excusado, obligándolos a usar pañales descartables.
Y pensar que toda la miseria reinante se solucionaría con el 5% del PBI – Producto Bruto Interno -.
Sobre llovido, mojado.
Un problema mayúsculo está ocurriendo en diecisiete distritos de la provincia de Buenos Aires – la más grande de nuestra geografía – y son las napas freáticas que están anegando casas, negocios, jardines y sótanos, sin que el gobierno provincial de una solución correspondiente a tan delicado tema. A causa de la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, la concesión fue otorgada a la empresa Aguas Argentina S.A., mediando acuerdos espurios entre ambas partes. La fuente de suministro, que anteriormente se extraía del subsuelo bonaerense, comenzó a alimentarse de las aguas del Río de la Plata, permitiéndole abaratar los costos, debido que no se necesita equipo especial para su consecución. Y como las multas son mucho menor que la implementación de costosas maquinarias, todo hace prever que el problema de fondo nunca será resuelto.
La impericia, la incapacidad, los negociados, la falta de una política de estado y las regulaciones ineficientes, son la causa principal para que nuestra otrora envidiada nación, se haya transformado en tierra de nadie, dónde los cortes de ruta, por parte de grupos piqueteros, son la cara evidente de un reclamo sin visos de solución dirigencial y aplicación de justicia.